La Sra. A.B. nació en El Salvador en la década de 1970. Perdió a sus padres a una edad temprana y, posteriormente, la separaron de sus hermanos y la pusieron al cuidado de una amiga de la familia que abusó física y verbalmente de ella. Cuando tenía 20 años, la Sra. A.B. conoció al hombre que se convertiría en su esposo. Después de casarse, comenzó el abuso.

Durante los 15 años que siguieron, el esposo de la Sra. A.B. la sometió a una terrible violencia física, sexual y emocional. La golpeó y violó tantas veces que ella perdió la cuenta. También amenazaba con matarla a menudo, con frecuencia blandiendo una pistola cargada o un cuchillo. El esposo de la Sra. A.B. fue violento incluso durante sus embarazos, en una ocasión llegó a amenazarla con colgarla del techo de su casa con una soga.

Cuando se conocieron, la Sra. A.B. estaba estudiando, pero su esposo la obligó a interrumpir sus estudios. La menospreciaba y degradaba verbalmente de manera constante. A menudo, el esposo de la Sra. A.B. también la acusaba falsamente de serle infiel; incluso llegó a ordenarle que se desvistiera y le mostrara sus genitales para que él pudiera ver si ella había estado con otro hombre.

La relación de la Sra. A.B. con su esposo se caracterizó por la brutalidad constante, y a menudo ella temía por su vida. En repetidas ocasiones buscó protección de las autoridades salvadoreñas, pero fue en vano. Aunque pudo obtener dos órdenes de restricción contra su esposo, no se hicieron cumplir por completo, y él continuó abusándola y amenazándola. Después de un incidente particularmente aterrador en el que su esposo la atacó con un cuchillo grande, la Sra. A.B. acudió a la policía, pero se negaron a ayudarla y en vez le dijeron “Si tiene algo de dignidad, se irá de aquí”.

La Sra. A.B. acudió a la policía, pero se negaron a ayudarla y en vez le dijeron “Si tiene algo de dignidad, se irá de aquí”.

Siguiendo sus consejos, dejó a su esposo y se mudó a un pueblo que estaba a dos horas de donde vivían juntos. Aún así, él logró encontrarla allí y el abuso continuó. La Sra. A.B. luego buscó divorciarse, lo que dio como resultado mayores amenazas en contra de su vida. Un mes después de que finalizara el divorcio, su exesposo, acompañado por su hermano oficial de policía, la abordó y le dijo que el divorcio no significaba nada y que su vida estaba en peligro. Después de este incidente, el exesposo de la Sra. A.B. y los hombres con los que se relacionaba continuaron amenazándola y describiendo con detalles gráficos cómo pensaban matarla.

Una semana antes de abandonar el país, su exesposo la rastreó nuevamente y la agredió físicamente. Sin un lugar a donde recurrir, la Sra. A.B. huyó de El Salvador para buscar protección en Estados Unidos.

A su llegada a Estados Unidos, la Sra. A.B. fue evaluada y se le permitió solicitar asilo después de que un oficial de asilo concluyera que tenía un temor creíble de ser perseguida en El Salvador debido a la violencia que había sufrido por parte de su exesposo. El caso de la Sra. A.B. se envió a la Corte de Inmigración de Charlotte, una de las cortes más notoriamente hostiles hacia los solicitantes de asilo. Allí fue asignado a V. Stuart Couch, un juez de inmigración con un largo historial de negación de asilo a sobrevivientes de violencia doméstica, y revocación de sus decisiones en apelación. Como era de esperar, el juez Couch negó la solicitud de asilo de la Sra. A.B.

La Sra. A.B. apeló la decisión del juez Couch, y su caso fue escuchado por la Junta de Apelaciones de Inmigración, la corte de apelación con jurisdicción nacional en casos de inmigración. La Junta revirtió la decisión del juez Couch; al concluir que la Sra. A.B. era elegible para recibir protección debido a sus experiencias de violencia doméstica, y envió su caso a la corte en Charlotte para que se le otorgara asilo a la Sra. A.B.

En una desviación de la práctica habitual, el juez Couch se negó a emitir una nueva decisión en el caso. En cambio, intentó enviar el caso de nuevo a la Junta. Siete meses después, el fiscal general Jeff Sessions aprovechó un poder que rara vez se utiliza para remitirse el caso a sí mismo y así tomar una decisión.

El 11 de junio de 2018, Sessions emitió una decisión profundamente decepcionante en el caso de la Sra. A.B., en la que revirtió la decisión de la Junta. Al pronunciarse en contra de la Sra. A.B., Sessions revocó un precedente nacional como Asunto de A-R-C-G-, que en 2014 afirmó el derecho de las sobrevivientes de violencia doméstica a buscar protección de asilo. En su decisión, Sessions hizo la preocupante declaración de que las solicitudes de asilo “relacionadas con violencia doméstica” deberían no ser aprobadas “de manera general”.

“No entienden que estamos huyendo por nuestras vidas”.

La decisión del fiscal general desestimó por completo la amplia evidencia, de más de 700 páginas, que la Sra. A.B. presentó para corroborar su solicitud de asilo. En cambio, Sessions insistió en cuestionar la honestidad de la Sra. A.B. De manera consistente con sus previos ataques contra los solicitantes de asilo, Sessions la caracterizó como una migrante económica que abusa del sistema de asilo. Su trato a la Sra. A.B. sugiere que nunca tuvo la intención de considerar su solicitud de asilo de manera justa.

La decisión de Sessions no es la última palabra en el caso de la Sra. A.B. Su equipo legal continúa luchando por ella y está decidido a ganarle la protección que merece. Pero la Sra. A.B. pensó que su odisea para encontrar protección había terminado cuando la Junta falló a su favor. En cambio, la batalla legal continúa y ella permanece en el limbo, sin saber qué le deparará su futuro. La Sra. A.B. también permanece separada de sus tres hijos en El Salvador, puesto que mientras su caso esté pendiente, no podrá solicitar que se unan a ella en Estados Unidos.

La Sra. A.B. está dolida y confundida por la decisión del fiscal general en su caso y por su rechazo a creer su historia. Luego de enterarse de su decisión, ella dijo: “Creo que los jueces de inmigración tienen algo en contra de los inmigrantes. Ellos generalizan sobre los inmigrantes y piensan que vienen a trabajar. No entienden que estamos huyendo por nuestras vidas”.

Fotografía por: Kevin D. Liles, NPR